La Ley N° 20.393, vigente desde diciembre de 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile cuando sus trabajadores, directivos o colaboradores cometen ciertos delitos en el ejercicio de sus funciones. Esta normativa busca fomentar una cultura de prevención al interior de las organizaciones, exigiendo la implementación de modelos de prevención de delitos como mecanismo para eximir o atenuar la responsabilidad de la entidad.
Los delitos inicialmente incluidos fueron el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero con el tiempo se han sumado otros como los delitos ambientales, económicos y contra la salud pública.